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Derechos Humanos

Consignan expediente por corrupción en la CODHEY

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La audiencia de imputación, el próximo 3 de mayo

Redacción / Comunicado de Prensa de Indignación y Oasis San Juan de Dios.- Después de casi tres años, y obligado a hacerlo por orden de un Juez Federal que amparó al denunciante, el Ministerio Público finalmente consignó el expediente sobre alteración de documentos y falsificación de firmas para cerrar expedientes de la Comisión de Derechos del Estado de Yucatán.

Como único imputado aparece Edwin Arcila, visitador de la Codhey en el tiempo en el que ocurrieron los hechos, precisamente cuando estaba por concluir su gestión Jorge Victoria Maldonado y era Secretario Ejecutivo José Enrique Goff Ailloud, quien después fue Ombudsman, responsabilidad que abandonó para aceptar el cargo de ViceFiscal Anticorrupción en el Gobierno de Rolando Zapata Bello.

El fraudulento cierre del expediente se dio en dos casos graves: uno en el que la negación del servicio médico derivó en la muerte de una persona migrante y, otro, la desatención y falta de medicamentos para personas con VIH/Sida puso en riesgo la vida de más de dos mil personas en Yucatán, pacientes del Centro Ambulatorio para la Atención del Side e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits).

A raíz de la denuncia la Codhey reabrió el expediente y emitió recomendación dirigida al secretario de Salud, el ilícito cometido había permanecido impune.

El 10 de abril pasado el Juez Tercero de Distrito con sede en Yucatán ordenó a la Fiscalía concluir el expediente y determinar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal en un plazo máximo de 45 días, expresando que la autoridad ministerial responsable paralizó la investigación en distintas ocasiones y señalando que dilación es tan grave o más que una negativa puesto que dejan al denunciante en estado de indefensión.

Si bien el expediente se consignó desde el pasado 16 de abril, fue hasta antier, 25 de abril, cuando Carlos Méndez Benavides, como denunciante y representante del Oasis de San Juan de Dios, tuvo conocimiento al recibir notificación del Juzgado Segundo sobre la próxima audiencia de formulación de imputación, que se realizará el próximo 3 de mayo.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se encuentra sin titular desde que el anterior Ombudsman, José Enrique Goff, fue designado por el Congreso viceFiscal Anticorrupción a propuesta del Gobernador del estado.

El equipo Indignación hizo llegar al Congreso del Estado una evaluación de la Codhey en 2015, en la que señalamos deficiencias y malas prácticas del organismo en el que tenía un puesto relevante el Lic. José Enrique Goff, a pesar de lo cual fue nombrado Ombudsman. Al ser propuesto como Vicefiscal, también hicimos llegar una comunicación al Congreso señalando omisiones y deficiencias en el desempeño del entonces Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán.

El Congreso del estado de Yucatán, con el voto de prácticamente todas y todos los diputados excepto uno, decidió dejar sin titular a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en noviembre pasado y, hasta la fecha, no se ha molestado en emitir la convocatoria correspondiente para designar al nuevo ombudsman.

Ni el anterior Ombudsman ni el Congreso ni por supuesto el Gobernador tuvieron escrúpulo alguno al dejar sin presidencia y dirección al organismo público de protección de los derechos humanos.

Es preciso señalar que el caso resulta paradigmático pues evidencia la descomposición de aquellas instituciones que, como el caso de la CODHEY, tendrían que ser espacios de defensoría del pueblo y no un obstáculo para el ejercicio de los derechos y la lucha contra la impunidad. En ese sentido, resulta indispensable que la Fiscalía sostenga de manera profesional la acusación, pues existe el temor fundado, dada su omisión de integrar de manera expedita el expediente, que su falta de pericia pueda generar un proceso de impunidad sobre un caso grave de corrupción en la principal institución pública encargada de proteger los derechos humanos

Finalmente subsiste el cuestionamiento si, en el presente caso, la responsabilidad es únicamente de la persona que ha sido imputada y no se tendría que haber investigado de manera más precisa la participación de otros funcionarios, quienes por acción u omisión pudieran haber sido cómplices de este delito.  

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