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Derechos Humanos

Denuncian bloqueo del Tribunal Constitucional del Poder Judicial del Estado contra demanda a favor del matrimonio igualitario

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Redacción / Posicionamiento.-  En razón de las acciones legales derivadas de la negativa del Congreso de nuestro Estado para modificar la Constitución Política local respecto a la legalización del matrimonio igualitario en todo el territorio yucateco, a fin de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio civil, hacemos del conocimiento a toda la sociedad yucateca el estatus de los procedimientos legales iniciados por muchos ciudadanos de nuestro Estado, cuyo fin es que la Justicia local resuelva que existe una omisión de parte de los legisladores yucatecos para legislar a favor del matrimonio igualitario y en definitiva sean obligados a realizar las adecuaciones normativas al respecto en un determinado plazo.

                        En este contexto, ya hemos informado en varios medios locales que en fecha 30 de Abril del presente año, fue presentado ante el Tribunal Constitucional del Poder Judicial del Estado, dependiente del Tribunal de Justicia Superior del Estado, un primer escrito de demanda firmado por 77 ciudadanos yucatecos, ejerciendo la acción contra la omisión legislativa o normativa, demandado al Congreso del Estado su omisión de legislar a favor del matrimonio igualitario cuando existen ordenamientos en la Constitución Federal y en la misma Constitución Yucateca que obligan a realizarlo, sin contar la vasta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto y los tratados internacionales ratificados por México.

                        Lo anterior derivó que dicho escrito fuera aceptado por el Tribunal Constitucional, turnando el conocimiento para seguir tramitando el asunto a la Magistrada Adda Lucelly Cámara Vallejos para que sea Magistrada Instructora en el procedimiento, siendo registrada esa demanda con el número de expediente 01/2019.

                        Pero en fecha 14 de Mayo de este año, nos fue notificado a cada uno de los firmantes de la demanda ya mencionada, un acuerdo o proveído de la Magistrada Instructora en relación a la acción legal que promovimos, donde nos previene para que los demandantes, en un plazo de cinco días, tengamos que DEMOSTRAR nuestra residencia o domicilio en el territorio de Yucatán, a pesar de que en la demanda se exhibieron copias de la credencial de elector de cada uno de los que firmaron donde se demostraba que somos vecinos de Mérida y otros municipios de Yucatán, pero la Magistrada Instructora consideraba que no era suficiente la credencial, y enumeraba varios criterios o precedentes obligatorios sostenidos por el Tribunal Superior de Justicia que mencionaban que el domicilio se demuestro con la inscripción al padrón municipal respectivo u otros documentos que adminiculados entre si demuestren el domicilio de una persona en el Estado, por lo que el Tribunal citado DESCONOCE la credencial de elector emitido por la Autoridad Federal, es decir, el Instituto Nacional Electoral (INE), como documento válido para demostrar un domicilio, a pesar que dicha Autoridad Federal haya validado previamente el domicilio o residencia del titular de la credencial al momento de su expedición, que inclusive otras Autoridades como Jueces del fuero común e incluso la Fiscalía General del Estado, lo toman como válido para demostrar no solo la identidad de una persona, sino el domicilio de la misma.

                        Con esa notificación por parte del Tribunal Constitucional consideramos que la autoridad judicial está BUSCANDO ESCOLLOS LEGALES A FIN DE RETRASAR O TRATAR DE QUE, CON UN INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE LOS DEMANDANTES, EXISTA UNA JUSTIFICACION “LEGAL” PARA NO SEGUIR TRAMITANDO LA DEMANDA QUE PROMOVIMOS, lo que hace pensar que el Tribunal Superior de Justicia del Estado NO ES UNA AUTORIDAD CONFIABLE NI ES SU INTENCION RESTABLECER LOS DERECHOS HUMANOS QUE HAN SIDO VIOLADOS POR LA NEGATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO AL OMITIR LEGISLAR SOBRE EL MATRIMONIO IGUALITARIO, A PESAR DE QUE ES SU OBLIGACIÓN.

                        Ya hemos contemplado subsanar esas prevenciones conforme a derecho, a fin de no caer en trampas revestidas de actos judiciales, pero también estamos analizando la posibilidad de promover amparos u otros recursos que procedan en contra del proveído o acuerdo de la Magistrada Instructora, pues consideramos que están vulnerando nuestros derechos humanos al no querer reconocer nuestro domicilio mediante un documento válido emitido por una Autoridad Federal en cumplimiento de leyes federales, como la credencial de elector emitida por el INE.

                        También informamos que el día 07 de Mayo de este año presentamos una segunda demanda de acción por omisión legislativa firmado por otros 77 ciudadanos yucatecos, siempre demandando al Congreso del Estado su omisión de legislar a favor del matrimonio igualitario, del cual no nos ha llegado notificación alguna, pero sabemos que está registrado con el número de expediente 02/2019 en el Tribunal Constitucional citado.

                        Estaremos muy atentos a los procedimientos ya instaurados, y seguiremos promoviendo más demandas contra la omisión legislativa del Congreso del Estado por el tema de matrimonio igualitario, pues no es posible que las autoridades yucatecas no quieran reconocer el matrimonio igualitario, el cual es un derecho humano que sido ha reconocido reiteradamente de esa manera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otros Estados de la República como Campeche e Hidalgo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que seguiremos pugnando por este derecho humano a fin de que sea una realidad legal en Yucatán, por ser lo justo y lo que en derecho procede hacer.         

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