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Ixil, y el intento de sabotaje: es guerra por la tierra por Eduardo Lliteras Sentíes

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Policías apostados en el entronque de la carretera a Chicxulub Puerto indicaban la entrada al municipio de Ixil, así como los ya conocidos anuncios de desarrollos inmobiliarios en la zona, los que florecen como una plaga a lo largo de toda la carretera desde el entronque que conduce a Mérida y Motul. Signo de los tiempos y de los conflictos , tiempo yucateco. Tierra a la venta para todo aquél que quiera hacerse de un pedacito del sueño yucateco vendido en todo el país y en el extranjero: la mejor ciudad, el mejor Estado, el más seguro, según dicen. Aunque de trasfondo hay una auténtica guerra por la tierra, que se combate en los ejidos, en las asambleas (amañadas en muchas ocasiones), en las instituciones agrarias federales. Ésta guerra está escalando, ante el creciente interés por Yucatán y su territorio, ante la voracidad y la corrupción de algunos grupos empresariales y de abogados dedicados a asesorarlos.

IXIL, SU PLAZA UN POLVORÍN

Para llegar a la plaza de Ixil debía pasar uno a través de los cordones establecidos por la autoridad municipal. Policías municipales controlaban los accesos. La plaza del municipio estaba cerrada, aunque fue ocupada desde temprana hora por personas que descargaron tremendas bocinas a un lado del templete donde se llevaría a cabo la presentación del “Programa federal Emergente de Restitución, Resarcimiento y Reordenamiento de los Núcleos Agrarios” para atención de conflictos en la Península de Yucatán, así como el "Foro por la defensa, recuperación y conservación del Territorio Maya".

Ante la presencia de funcionarios federales, como el titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón y el Procurador Agrario, Luis Hernández Palacios Mirón, además de activistas y ejidatarios de Quintana Roo y Campeche, ejidatarios de Ixil denunciaron los despojos de tierras ejidales a través de conocidos operadores como Alejandro Escoffié Gamboa, entre otros.

Sin embargo, nada más tomaron la palabra y empezaron a narrar cómo “Alejandro Escoffié Gamboa llegó con promesas de realizar obras y resolver trámites” para “vender después las tierras de uso común ilegalmente, aprovechándose de la confianza de los ejidatarios y del permiso que le habían dado”, cuando empezó un corpulento hombre con panza y sombrero a gritar por un micrófono, interrumpiendo el evento que contaba con los permisos oficiales e inclusive con la presencia de policías estatales anti motines, además de los municipales.

Dicho personaje, a pesar de los llamados a que dejara de interrumpir, por parte de las moderadoras del evento, no cesó en su agresión. Incluso, en un momento dado, se pidió que la autoridad interviniera para retirarle el micrófono, pero los policías municipales no se movieron. Evidentemente, el sabotaje contó con la aquiescencia, por lo menos, de la alcaldesa de Ixil, Sandra Guadalupe Tec Yam. La plaza, parecía un polvorín, en esos momentos.

Precisamente, un nutrido grupo de personas, de otros ejidos del Estado, desplegaron pancartas impresas en algún negocio especializado, en las que se acusaba de “corrupción” al ex delegado agrario, Alfredo Ramírez (presente en el evento). También mostraban carteles impresos días antes con la imagen de una rata y la leyenda: “sí a la cuarta T, no a la rata de Luis Hernández Palacios” (procurador agrario, también presente en el evento). Es decir, evidentemente hubo mano negra en la movilización de casi un centenar de personas que se mezclaron con el público que atendía el evento, para a un cierto punto levantarse, y comenzar a gritar: “Fueraaaa”.

Hablamos de una movilización financiada y maniobrada por empresarios y sus operadores. De hecho, durante el evento un enardecido orador pidió se investigue al ex sub procurador Rafael Acosta, para saber de “dónde obtiene las fuertes sumas de dinero que maneja” para realizar operaciones en los ejidos. Lo mismo exigió para otros operadores como el mismo Escoffié Gamboa.

De hecho, cabe recordar la toma a la fuerza de la sede de la Procuraduría Agraria en Mérida en julio del presente año con el ex funcionario estatal, Salvador Arteaga Trillo, al frente de un nutrido grupo de acarreados. Precisamente Arteaga Trillo exigía la destitución de Alfredo Ramírez como justificación para dicha ocupación, cuando resultaba que dicho funcionario federal ya no fungía más en el cargo.

Cabe insistir en que los ejidatarios de Ixil acusaron a Escoffié Gamboa de registrar actas de asambleas falsas y documentos falsificados para vender grandes extensiones de tierras de Ixil a personas de Yucatán, de otros Estados y países. También lo acusaron de intentar registrar mapas y actas de asambleas falsificados para entregar las tierras a una empresa transnacional que pretende construir diez parques eólicos en dicho ejido, según afirmaron. Las maniobras ilegales de Escoffié llegaron al grado de que dijo ser propietario de casi todo el ejido.

Asimismo, durante el evento, participaron ejidatarios, investigadores y representantes de organismos no gubernamentales, entre los cuales se encontraba Sergio Oceransky, quien fue en representación de Fundación Yansa, una ONG española con presencia en diversos países, que está asesorando a los ejidatarios de Ixil, sin búsqueda de lucro, según explicaron.

Sergio Oceransky, aparentemente tiene la doble nacionalidad, mexicana y española. Y es el codirector de la empresa Yansa Cic, la que promueve proyectos de energía eólica y renovable en poblaciones rurales, desde las comunidades, como ya ha hecho en Oaxaca.

De hecho, según la presentación del grupo Yansa en internet, “se asocia con las comunidades para facilitar su participación directa en la transición justa a las energías renovables y al mismo tiempo garantizar que las comunidades mantengan el control sobre sus recursos”.

Yansa asegura que “a través de nuestro apoyo a proyectos comunitarios de energía renovable, avanzamos en la sostenibilidad ambiental. Visualizamos un planeta libre de combustibles fósiles, creando un mundo que sea un lugar más limpio y seguro para vivir, ahora y en el futuro”.

Precisamente ésta postura de Yansa y Oceransky ha molestado profundamente a las empresas que tenían proyectos eólicos en la zona a costa de los ejidatarios y a los empresarios yucatecos que pretendían venderles las tierras de la zona norte del ejido, de las que se han apoderado también de forma ilegal por ser tierras nacionales.

Por último, llamó la atención que no estuviera presente ninguna autoridad estatal, sin embargo, según se explicó, los mismos ejidatarios de Ixil, las cuatro organizaciones convocantes (las que no estuvieron de acuerdo de forma unánime), pidieron que no acudieran.

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