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17 ex funcionarios de la administración anterior iban a recibir casi medio millón de pesos al mes, sin haber pagado las cuotas correspondientes y sin la edad requerida

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Redacción.- El gobierno del Estado informó que frenó el pago de 17 pensiones de exfuncionarios estatales por encontrar inconsistencias en el procedimiento en las que se otorgaron, en decisiones tomadas en los últimos días de la administración estatal pasada del ex gobernador Rolando Zapata Bello. Las pensiones canceladas por medio de la figura jurídica de juicio de lesividad van de los 46 mil pesos mensuales a los 8 mil pesos, informa el consejero jurídico Mauricio Tappan Silveira. 

Las pensiones que fueron canceladas corresponden a Eduardo Batllori Sampedro, Daniel Quintal Ic y Miguel Antonio Fernández Vargaz, ex titulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Obras Públicas y Contraloría, quienes pretendían recibir 46 mil pesos mensuales. También, la de José Ignacio Mendicuti Pavón, quien fue representante del ex gobernador Zapata Bello en la Ciudad de México, y quien iba a recibir 45 mil pesos al mes.

Se cancelaron las pensiones de los ex directores Ariel Enrique Azcorra Padilla —del fideicomiso público de la reserva territorial de Ucú—, Jesús Antonio Paz Pineda —de la unidad de asesores— y Elda María Vargas Jiménez —de procesos transversales de la Secretaría de Administración y Finanzas—, de 40 mil pesos; la de Fernando José Castro Novelo —de Comunicación Social—, 35 mil pesos; de Luis Humberto Hoyos Schlamme —de la Fábrica de Postes—, 30 mil pesos, y de Beatriz Eugenia Solís Sánchez —departamento de Desarrollo, Cultura y Actividad Física de Jubilados y Pensionados del Isstey—, 25 mil pesos al mes. 

Tampoco cobrarán pensión Gaspar Javier Arceo Peniche, a quien de último momento se le asignó una de 19,219 pesos al mes; Margarito Chi y Balam, de 16,814 pesos; Emma Alegría del Socorro García Pérez, 13,800 pesos, y Hernán José Cárdenas y Gallareta, 12 mil pesos mensuales. La cancelación igual alcanza a Pedro Pablo Noemí Martínez, a quien le habían asignado una pensión de 11 pesos al mes, y a Ermilo Duarte Torres y Mario Renán González Sosa, de 8 mil pesos.

Según especifica el licenciado Tappan Silveira, ninguno de estos diecisiete casos tenía derecho a pensión, pues no cumplían con los requisitos de tener 55 años cumplidos y 15 años o más de aportaciones o 30 años de aportaciones, sin límites de edad. 

“Por tal motivo”, añade el consejero jurídico, “la actual administración estatal, en un compromiso con la sociedad de administrar de manera eficiente y transparente los recursos públicos, hizo valer la Ley y canceló las pensiones asignadas en los últimos días del gobierno estatal anterior”.

Esta acción evitó un gasto de casi seis millones de pesos anuales de recursos públicos. “Específicamente”, puntualiza Tappan Silveira: “521 mil 833 pesos al mes, 6 millones 261 mil pesos al año para sólo 17 personas”, informó el gobierno del Estado.

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