www.elperiodico.com / Mayka Navarro.- El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, ha ordenado la busca y captura y el ingreso en prisión para su extradición de los tres militares estadounidenses imputados en la muerte del camarógrafo de Tele 5 José Couso el 8 de abril del 2003 en Bagdad (Irak) por disparos.
En una providencia y un auto dictados hoy, el magistrado vuelve a imputar a los militares Philip de Camp, Philip Wolford y Thomas Gibson el delito contra la comunidad internacional en concurso con otro de homicidio, y ha pedido al Consejo General del Poder Judicial autorización para desplazarse al lugar de los hechos y realizar una inspección para investigarlos.
Considera el juez que concurren suficientes motivos para considerarlos culpables del "ataque a la población civil" y el "acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o a los periodistas" por lo que, "atendiendo a la gravedad de los hechos", procede ordenar la busca y captura e ingreso en prisión "como única medida efectiva" para asegurar la presencia de los mismos en el proceso.
Desplazamiento a la zona
Pedraz acuerda de esta forma practicar las diligencias que ya ordenó y que no se realizaron anteriormente después de que el Tribunal Supremo obligara por segunda vez a la Audiencia Nacional a reabrir la investigación en un fallo que adelantó el pasado 6 de julio.
Así, pide tomar declaración a los periodistas de las televisiones Al Jazira y Abu Dhabi para que aclaren como se produjeron los ataques a sus respectivas instalaciones y reitera la comisión rogatoria cursada a Irak para que autorice el desplazamiento a este país para reconstruir los hechos. No obstante, como "no se obtuvo respuesta a la misma" anteriormente, Pedraz acuerda la inspección ocular del lugar que no requiere de la cooperación de las autoridades iraquís, "para lo cual basta que la comisión judicial se desplace a Bagdad" entre los próximos octubre y noviembre.
Cambio de presidente en la Casa Blanca
Una comisión que estaría formada, según detalla, por él mismo, el secretario judicial y un funcionario de su juzgado, el fiscal y las partes "si estiman oportuno acudir" y los periodistas Olga Rodríguez, Jon Sistiaga y Jesús Manuel Hernández, en calidad de testigos.
Subraya que, "teniendo en cuenta que los hechos acaecieron" durante la Administración Bush, "podría existir la posibilidad de una efectiva cooperación", antes denegada por parte del Gobierno de Barack Obama y vuelve así a pedir la declaración de los tres imputados, así como reclamar al Departamento de Estado, de Defensa y de Justicia toda la documentación sobre los hechos.
Según el juez, la persona que dio la orden fue el teniente coronel Philip de Camp, al mando del regimiento de blindados número 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada del Ejército de EEUU, que se la transmitió al capitán Philip Wolford, quien a su vez autorizó al que "materialmente realizó el disparo", el sargento Thomas Gibson, contra el Hotel Palestina de Bagdad. Y ello, añade Pedraz, "pese a saber" que el edificio estaba en zona civil "así como que el mismo estaba ocupado por periodistas y población civil, de tal forma que podría causar la muerte de alguna persona".
Recurso de la familia
Couso, que se encontraba filmando desde la habitación 1403, fue alcanzado por la metralla, lo que le causó la muerte horas después en el hospital Ibn Nafis de Bagdad, así como la del reportero de la agencia Reuters Taras Protsuyk, que se encontraba en otra altura. Asimismo, otros tres periodistas resultaron heridos de gravedad.
En marzo del 2006, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó las diligencias ordenadas por Pedraz al considerar que se trató de un "acto de guerra contra un enemigo erróneamente identificado" y declaró la falta de jurisdicción para juzgar los delitos imputados.
La familia de la víctima recurrió esta decisión ante el Supremo, que ordenó a la Audiencia Nacional investigar este caso. Pero en julio del año pasado la Sala de lo Penal de este tribunal volvió a revocar el procesamiento de los tres militares y ordenó al instructor que concluyera el sumario y que lo elevara a la Sala de lo Penal para poder acordar el archivo.
